La diputada socialista Ulieldín detalló los fondos con que contaría el Poder Ejecutivo de haber impulsado el Fondo de Garantía Público y el Fideicomiso Santa Fe Produce, con aportes del Banco de Santa Fe. “Ya pasó mucho tiempo como para no definir medidas más innovadoras y efectivas”, dijo.

La diputada provincial Lorena Ulieldín (FPCyS-Socialistas) cuestionó la estrategia de apoyo del gobierno de Omar Perotti a los sectores productivos afectados por la crisis económica y el impacto de la pandemia. “En un momento complicado como este, muchos no acceden a la asistencia necesaria porque al Poder Ejecutivo simplemente no le interesa echar mano de herramientas que le permitirían llegar a cada rubro con la escala que requiere una situación sin precedentes como la que estamos viviendo”, señaló.

Específicamente se refiere a la puesta en vigencia de instrumentos que fueron diseñados y propuestos durante la gestión de Miguel Lifschitz, que cuentan con la media sanción de la Cámara baja desde junio de 2020: por un lado, el Fondo de Garantía Santa Fe (Sapem) y el Fideicomiso Santa Fe Produce, destinado a las unidades productivas pequeñas que tiene dificultades para acceder a financiamientos bancarios, ambos en el ámbito del Poder Ejecutivo; por otro, las cláusulas que se incluyeron en el pliego licitatorio que derivó en la contratación del Banco Santa Fe (BSF) como agente financiero, que obligaban a quien resultase ganador de esa licitación a hacer aportes en tal sentido. La iniciativa que contempla todas estas herramientas no fue tratada en el Senado, ni el gobernador la reclamó nunca.

“No estamos en marzo de 2020, ya pasó mucho tiempo como para no definir medidas más innovadoras y efectivas en la asistencia a los sectores que lo necesitan”, dijo la legisladora en declaraciones que tuvieron lugar luego de la visita del ministro de Producción, Daniel Costamagna, a la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar esa problemática.

Respecto de la licitación, la adjudicación al BSF contemplaba 7.000 millones de pesos que el agente financiero de la provincia se comprometió a prestar al sector privado santafesino, en la medida que cuente con garantías otorgadas a través del Fondo de Garantía Público. Se sumaba, además, un aporte de la entidad bancaria en favor del Fideicomiso Productivo (con fondos del propio banco) de 350 millones de pesos, que tenía como objeto facilitar el acceso a herramientas financieras a pequeños emprendedores y unidades productivas, a quienes se les dificulta cumplimentar los requisitos para acceder a financiamiento bancario.

A su vez, el proyecto de ley establece que el Tesoro Provincial aportará al Fideicomiso Productivo el 50% del canon que paga el BSF por el contrato de Agente Financiero. El gobierno provincial estimó 460 millones de pesos en el Presupuesto de este año. De ser así, 230 millones habrían capitalizado el fideicomiso mencionado en caso de haberse constituido.

“Durante su paso por la Cámara baja, el ministro Costamagna admitió que desconocía, inclusive, a cuánto asciende el pago mensual del BSF en concepto de canon”, apuntó Ulieldín.

“Como esas herramientas no son ley aún, no están operativas y, por ende, no resulta exigible el aporte del banco. Es decir, resignamos esos recursos en el marco de una crisis económica a la que se sumó una crisis sanitaria sin precedentes, cuyo final aún no es previsible”, remarcó.

El Fondo Garantía Santa Fe Sapem es un instrumento a través del cual se podrían otorgar garantías para que micros, pequeñas y medianas empresas puedan presentar ante los bancos y así acceder a mejores opciones de plazo, tasa y condiciones de crédito, cuando no el acceso mismo al sistema financiero formal de muchas de ellas.

En cuanto al Fideicomiso Santa Fe Produce, su objetivo es impulsar el desarrollo productivo de la provincia, financiando a productores radicados en Santa Fe e inversiones que potencien actividades productivas. Con ese objetivo, se propone movilizar distintas fuentes de recursos -tanto públicos como privados- y, en forma articulada con el Banco de Santa Fe en tanto agente financiero del Estado. Además del  50% del canon que deba abonar el agente financiero y los que realice el mismo agente conforme a lo comprometido en su plan de negocios, se prevén aportes del Tesoro provincial y otros otorgados por organismos provinciales, nacionales e internacionales.