Lo mismo que para los casos de violencia familiar

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitaz, presentó un proyecto de Ley que tiene por objeto dar respuesta efectiva a todas las denuncias por violencia de género y/o familiar que se realicen, determinando la actuación obligatoria de los jueces y/o del Ministerio Público de la acusación ante cada acusación que se presente o se peticione presentar. 

En este sentido el Legislador remarcó: “Es imprescindible que avancemos en políticas públicas que den respuesta a la demanda de la sociedad; la violencia tiene una curva de crecimiento que se profundiza día a día. Es por ello, que el presente proyecto establece que jueces y/o fiscales no puedan archivar in limine las denuncias que se presenten ni podrán limitarse a dictar una medida cautelar preventiva o de protección como única actuación.”

El proyecto impone a su vez la exigencia de mantener una entrevista personal con quien resulta víctima de violencia de género y/o de violencia de familia, no pudiendo en ningún caso eximirse de esta obligación, bajo ningún fundamento, así como también explicar de forma detallada las razones por las cuales descartan las pruebas que fueron sustanciadas y la expresa motivación en la que sostienen tal determinación judicial. Asimismo la resolución deberá expresar de manera fundada la no producción de alguna de las medidas probatorias a su alcance.

El diputado aliado a Patricia Bullrich – con quien hoy comparte varios espacios en la cartelería de la ciudad de Rosario, continuó: “Nuestra provincia es una de las regiones más violentas de Sudamérica, con números exorbitantes en materia de femicidios y de violencia familiar, por ello es necesario la implementación de programas que como principal objetivo protejan el futuro inmediato de las víctimas”

El proyecto entiende y remarca que cada denuncia es un pedido de ayuda y que la realidad deja expuesto que la presentación de denuncias por quienes son víctimas de violencia, no tienen el correlato judicial esperado, a saber, las estadísticas muestran que muchas denuncias no tienen respuesta judicial de medidas de protección (33%), que aquellas en las que se dictan medidas de protección (77%), en su mayoría quedan sólo con la medida dictada y sólo el menor porcentaje tiene un proceso de sustanciación y prueba. Y finalmente, la realidad diaria acredita que los casos de lesiones graves o femicidios están en el porcentaje de las causas sin medidas de protección dictadas, que evidencia la falta de identificación del nivel de riesgos de los órganos judiciales.

Chumpitaz continuó: “Esta iniciativa busca que la violencia contra las mujeres y en el ámbito doméstico ya sea por agresiones, los malos tratos y los abusos cometidos por pareja, ex pareja, o por cualquier otro integrante de tu familia, no quede en una simple denuncia por carecer de requisitos formales sino que se llegue a la verdad con todas herramientas que los Códigos de procedimiento prevén.”

Para finalizar, sentenció: “Toda la sociedad puede aportar y contribuir para eliminar la violencia de género y/o familiar, pero es el Poder Judicial el único poder del Estado con la capacidad, la facultad y las herramientas para controlar, neutralizar y sancionar a una persona que ejerce violencia en cualquier de sus formas.”