Por un fallo judicial adverso la expropiación del 51% de la empresa concretada durante el tercer gobierno kirchnerista, once años atrás, terminará costando al menos el equivalente al 80% del valor actual de la compañía.

La saga por la expropiación del 51% de la petrolera YPF durante el tercer gobierno kirchnerista en el año 2012 sigue sumando facturas a pagar para el Estado Argentino, once años después de la sanción de la Ley que aprobó el pago de USD 5.000 millones a la petrolera española Repsol. Esta semana, en el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York que hoy preside Loretta Preska y que supo ser el tribunal de Thomas Griesa, tienen lugar una serie de audiencias para fijar el monto de la indemnización que deberá pagar el país por no haber resarcido en forma igualitaria a todos los accionistas en su momento.

El juicio ya está definido en contra del Tesoro argentino. En marzo, Preska falló que YPF quedaba liberado de responsabilidades para con los litigantes, pero en el mismo texto aclaró que era el Estado Argentino quién debía pagar daños a Burford Capital y Eton Park, que en su momento le compraron a los accionistas minoritarios el derecho a litigar contra la Argentina e YPF. Estos buffetes especializados en adquirir derechos de terceros para llevar adelante litigios supieron aprovechar los cabos sueltos dejados por el proceso de expropiación.

En ese entonces, la magistrada hizo responsable al Estado argentino por avanzar con la decisión de la expropiación del 51% de las acciones de la compañía petrolera sin haberle hecho una oferta similar a los poseedores de las demás acciones que se verían afectados por esa decisión.

La jueza citó en su fallo los estatutos de YPF del año 1993 y luego concluyó que “la República prometió a los tenedores de valores que les ofrecería una salida si volvía a adquirir el control sobre el número requerido de acciones” y que esa promesa “no se cumplió”.

Con el partido ya perdido, el estudio Sullivan & Cromwell -patrocinante de la Argentina en los tribunales de EEUU- propuso esta semana abonar USD 4.920 millones, mientras que el monto máximo que exigen los demandantes alcanza los USD 16.000 millones. Las cifras tienen en cuenta lo que no se abonó en su momento más la tasa de interés desde ese entonces.

La fecha que se toma para determinar el valor de las acciones es la clave en la diferencia de valores. Burford, en un comunicado en abril para sus socios, indicó que estima que cobrará uno USD 7.500 millones por su parte de los daños.

Las audiencias seguirán hasta el viernes, aunque no hay fecha fijada para la decisión del tribunal que deberá poner el número final. Como sea, la nueva factura a pagar no va a ser menor a USD 4.920 millones y podría llegar a USD 16.000 millones. Y no será lo único que pagó el país por la operación.

Expropiación

La avanzada para la expropiación de la mitad más uno del paquete accionario de la petrolera empezó con la intención de “no pagar un peso” y, negociaciones y ley sancionada por el congreso mediante, terminó siendo una cifra relevante.

En 2012, la República Argentina acordó pagar a la empresa Repsol un total de USD 5.000 millones por la expropiación del 51% de la empresa.

La expropiación de YPF por parte del gobierno argentino en 2012 fue un proceso complejo que implicó varios factores financieros. Para llegar a la cifra se tomaron una serie de parámetros:

Valor de la empresa: en mayo de 2012, el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la empresa española Repsol. El valor de estas acciones se determinó en base al valor de mercado de YPF en ese momento.

Compensación: la compensación que se pagaría a Repsol por la expropiación se determinó mediante una serie de negociaciones entre el gobierno argentino y Repsol. Estas negociaciones tuvieron en cuenta el valor de las acciones expropiadas, así como otros factores como los futuros beneficios perdidos por Repsol debido a la expropiación.

Acuerdo final: después de las negociaciones, se llegó a un acuerdo final en el que el gobierno argentino acordó pagar a Repsol USD 5.000 millones en bonos del gobierno como compensación por la expropiación.

YPF tiene un valor de mercado actual de USD 12.283 millones, de acuerdo al último precio al que cerraron sus acciones en la Bolsa de Nueva York. Eso valoriza el 51% de su paquete accionario en manos del Estado en algo más de USD 6.264 millones. Una ganancia de más del 25% respecto del precio que se pagó once años atrás. Claro que esa diferencia es una foto muy reciente.

La capitalización bursátil de la petrolera sufrió muchos vaivenes desde el pago a Repsol, la mayor parte de ello de tipo bajista. En 2020, pleno coronacrash, la capitalización Bursátil llegó a caer cerca de los USD 2.000 millones, mucho menos de lo que se pagó por la mitad de la firma.

En el caso de que Preska se incline por conceder el pedido argentino -la menos costosa de las alternativas posibles-, el costo total de la expropiación del 51% de YPF ascendería finalmente a por lo menos USD 9.920 millones, el 80% del valor actual de la compañía y casi el 100% de lo que valía en 2012. Si la jueza se inclinara por el otro extremo, el de conceder cada dólar reclamado por los demandantes, la cifra total podría llegar a los USD 21.000 millones, el equivalente a 1,7 veces el valor actual de YPF y más de dos veces el valor total de la compañía en el momento en que fue expropiada.

Pero además de los valores monetarios, la Argentina pagó otros costos por la operación. El país tuvo que enfrentar varios litigios internacionales por la expropiación. Estos litigios generaron costos legales significativos. También costos de financiamiento, ya que la expropiación llevó a una disminución de la confianza de los inversores internacionales en Argentina. Como resultado, el costo de financiamiento del país aumentó.

Además, tras la expropiación, YPF tuvo dificultades para mantener sus niveles de producción. Esto se debió en parte a la falta de inversión en tecnología y mantenimiento de las instalaciones de producción. Como resultado de la disminución de la producción de YPF, Argentina tuvo que aumentar sus importaciones de energía, lo que generó erogaciones adicionales.

Es importante tener en cuenta que estos costos son indirectos y pueden ser difíciles de cuantificar. Pero también pesaron.

Fuente: Infobae