El intento del chavismo por recobrar legitimidad con las elecciones legislativas afronta nuevos obstáculos después de que Naciones Unidas acusara al Gobierno de crímenes de lesa humanidad

La crudeza de los contenidos del informe de la misión de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el cual se acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad, añade vigor al frente internacional de presión al régimen bolivariano. En las entrañas del Palacio de Miraflores, de momento, reina el silencio con la salvedad del rechazo manifestado por el canciller, Jorge Arreaza.

El propio secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a Maduro “tomarse muy en serio” lo que esta investigación plantea. El subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos de Estados Unidos, Michael Kozak, afirmó que “el reporte horroriza”. El Grupo Internacional de Contacto ha declarado que respalda el estudio de la ONU sobre Venezuela. El Gobierno de España, a través de su ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, calificó el contenido como “preocupante”. Y la Organización de los Estados Americanos (OEA) hace propias las conclusiones de la misión de verificación de Naciones Unidas.

El líder opositor Juan Guaidó también se refirió al informe al repasar el trabajo de las fuerzas contrarias al chavismo y de la Asamblea Nacional para denunciar los abusos de las autoridades. Calificó de “insólito” que el gobierno de Maduro siga ocupando un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en este mismo momento.

Ni el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino; ni el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; ni el propio Maduro, tres de los dirigentes del chavismo señalados de manera expresa en la investigación de la ONU, han respondido al informe. Tampoco el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, conocido activista de derechos humanos en Venezuela años atrás. Diosdado Cabello, número dos del régimen, comentó en su programa de televisión que aquella iniciativa “fue pagada” para perjudicar al país.

Solo el canciller, Jorge Arreaza, ha publicado un comunicado en el cual rechaza “un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por Gobiernos subordinados a Washington”.

La onda expansiva con las consecuencias del informe de Naciones Unidas comienza a sentirse en el debate político y electoral del país. El Gobierno de Maduro, que estos días habla con frecuencia de diálogo, democracia y paz, ha colocado sus esperanzas en que unas elecciones parlamentarias aparentemente multipartidistas y abiertas le devuelvan legitimidad institucional y descomprima el duro efecto de las sanciones internacionales sobre la economía venezolana. Para ello cuenta con el apoyo irrestricto de los pequeños partidos moderados de la llamada Mesa de Diálogo Nacional, conocida coloquialmente como “la mesita”, decididos a postularse a todo evento en las cuestionadas elecciones de diciembre.

Obstáculos políticos y sanitarios

Hace pocos días, la Academia Venezolana de Ciencias Físicas y Naturales publicó un segundo comunicado en el cual alerta que los contagios por coronavirus, muy moderados en los meses iniciales de la pandemia, podrían alcanzar los 14.000 casos diarios en todo el país entre noviembre y diciembre.

Los pronósticos de la academia le han abierto campo a una corriente que pide cada vez con más intensidad que se pospongan las elecciones parlamentarias, argumentando que su fiabilidad técnica es demasiado precaria y no hay suficientes garantías para llevarla a cabo. Sobre esta línea de trabajo da señales Henrique Capriles Radonski y otros actores civiles de la oposición que ahora le siguen, con el respaldo indirecto de Europa, que procuran persuadir a Maduro de que se avenga a una consulta justa.

Luego de la aparente distensión lograda con el indulto a centenares de presos políticos, Maduro acusó a Capriles de querer “boicotear las elecciones con el apoyo de Europa”, y ha declarado que las elecciones parlamentarias que promueve se celebrarán “llueve, truene o relampaguee” este 6 de diciembre.

La seguridad como compromiso

En este contexto, el informe de Naciones Unidas es analizado por el Grupo de Contacto y la Unión Europea. “Tras analizar el informe y escuchar a Josep Borrell los miembros del grupo discutirán cuáles son los pasos siguientes que quisiéramos dar como apoyo a la resolución del quiebre democrático en Venezuela”, dijo la ministra española González Laya. Caracas se opuso a las conclusiones de ese grupo y afirmó, a través de un comunicado, que “ningún mecanismo intergubernamental logrará imponer una agenda distinta a la que el pueblo venezolano se ha dado soberanamente”.

El primer informe de la Academia de Ciencias, publicado en mayo, fue tratado con bastante desdén por la plana dirigente chavista, buena parte de la cual terminó contagiada del virus unas semanas después, produciendo algunas complicaciones e incluso fallecimientos. En esta ocasión Maduro se ha esforzado en ponderar la seguridad del evento como un compromiso de Estado.

Mientras tanto, Henrique Capriles trabaja tras bastidores para abrirle camino a la postergación de las elecciones para el primer semestre de 2021, con el objeto de mejorar las condiciones de la consulta. Las posibilidades de fracaso son muy altas. Le quedaría, en ese caso, la carta de anunciar su retiro y dejar solo a Maduro en la consulta.

Fuente: El País