El Gobierno nacional avanzó otro paso contra la caja de ciudad. Tras la quita del 1,18 por ciento de coparticipación federal, ahora Alberto Fernández envió al Senado un proyecto de ley para modificar el esquema de financiamiento de la policía de la Capital Federal. Con esta iniciativa, Horacio Rodríguez Larreta ya no recibirá de forma automática los fondos para costear el servicio de seguridad y el gobierno porteño deberá negociar el monto todos los años con Nación.

El proyecto de ley prevé que la policía porteña ya no se financie a través de la coparticipación (un porcentaje sobre la recaudación nacional que gotea todos los días), sino que sea el Tesoro -es decir, el ministro de Economía, Martín Guzmán- el que se encargue de enviarle los fondos a la Ciudad para hacer frente a los gastos que impuso el traspaso de la fuerza en 2016. Nación y la Ciudad, así, deberán sentarse a discutir el monto cada año en el Presupuesto.

Esa negociación se anticipa compleja. Hoy, en la Casa Rosada consideran que, aún con el zarpazo a los fondos de la semana pasada, la administración de Rodríguez Larreta recibe unos $2.500 millones de más para los gastos de la policía.

Que pasó

De forma sorpresiva, la semana pasada Fernández redujo la coparticipación destinada a la ciudad de Buenos Aires de 3,5% a 2,32%. Un 0,92% de ese reparto, en rigor, corresponde a los gastos de la policía traspasada. Luego de que Rodríguez Larreta elevara su reclamo a la Corte Suprema y presentara una cautelar para frenar el drenaje de fondos, en el Gobierno replicaron que “la Constitución Nacional establece que la transferencia de competencias, funciones y servicios debe hacerse por ley del Congreso y con los recursos correspondientes”.

Es así que el Gobierno aceleró en las últimas horas un proyecto de ley para dar la discusión en el Parlamento. La iniciativa fue enviada al Senado.

La medida, que según el gobierno nacional tendrá un respaldo mayoritario en el Congreso, es una jugada con la que Fernández buscará exhibir mayores consensos. Es un intento por bloquear el reclamo Rodríguez Larreta ante la Corte Suprema para recuperar el punto de coparticipación que perdió la última semana.

En el Gobierno consideran que la iniciativa podría tener un rápido tratamiento y que se aprobaría sin mayores dificultades. La jugada de transformar el decreto en una ley con amplio respaldo político, según fuentes oficiales, servirá para que la Corte, dominada por tensiones internas, evite un tema complejo.

Hasta la semana pasada, el porcentaje de coparticipación que recibía el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta era del 3,5 por ciento; ese porcentaje se redujo a 2,32%, lo que equivale a unos 150 millones de pesos diarios menos. El cambio de reglas representa una pérdida de unos 13.000 millones de pesos hasta fin de año. Los fondos que Nación le recortó a Rodríguez Larreta se destinaron a la provincia de Buenos Aires, para hacer frente a los reclamos de la Policía Bonaerense.

La pelea de la Ciudad

En la Ciudad se preparan para dar pelea en la Justicia por los fondos de coparticipación correspondientes al traspaso de la Policía. El ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, está preparando informes para nutrir de información y argumentos económicos al procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa, encargado de la estrategia legal ante la Corte. Se espera que la Ciudad también apunte a un argumento institucional centrado en el desvío de fondos nacionales a la provincia.

En Ciudad rechazan los cálculos que hacen en la Casa Rosada. “El primer error es considerar que lo que se traspasó en 2016 fueron uniformados y patrulleros. Lo que se transfirió fueron funciones y competencias”, señalan desde Uspallata.

El gobierno porteño argumenta que se definió que la policía se costeara con los fondos de la coparticipación porque es un mecanismo que sostiene una relación relativamente estable entre la recaudación nacional y los gastos que implica la seguridad. “Este año, por ejemplo, salimos perdiendo: la recaudación se cayó a pique por la pandemia pero los gastos por seguridad aumentaron”, dijo un portavoz del gobierno porteño, que reconoció que hubo años donde la proporción fue a la inversa.

En ciudad también marcaron como un “error de cálculo” que la Casa Rosada tome como referencia al año 2016, ya que fue un período de transición, donde los policías y los recursos fueron transferidos en etapas. “Miran una foto que se tomó cuando no se había completado el traspaso”, señalan. Agregan que la Ciudad le brinda seguridad “a quienes residen y a casi 4 millones de argentinos que ingresan a trabajar todos los días”.

Fuente: La Nación