EL CALAFATE.- La Corte Suprema de Justicia le requirió al gobierno nacional que eleve informes sobre el avance de las Represas Hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, Cóndor Cliff y La Barrancosa, y que tres organismos oficiales, que hasta ahora no se habían expresado en profundidad sobre la obra, den a conocer sus informes técnicos acerca del impacto que tendrán sobre el medio ambiente.

Con esta resolución el máximo tribunal envió al kirchnerismo un mensaje de advertencia sobre el futuro de la obra pública más preciada por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Este pedido de informes que hace la Corte al Gobierno se da en uno de los momentos de mayor tensión entre el máximo tribunal y el Poder Ejecutivo nacional y si bien no resuelve sobre la cuestión de fondo de los ambientalistas que piden que se frenen las obras en forma definitiva, da lugar a los planteos realizados y fija un plazo de 30 días para se que pronuncien los organismos expertos.

La resolución firmada ayer por los jueces Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, se da en el marco de un Recurso Extraordinario impulsado por la Fundación Banco de Bosques – ingresó en el tribunal en noviembre de 2018- representada por el estudio del constitucionalista Daniel Sabsay. Esta institución considera que las obras de las represas vulneran el derecho ambiental por lo tanto piden la nulidad de los estudios de impacto ambiental y una medida cautelar para que se frenen las mismas fundamentando en la ausencia de exámenes técnicos exhaustivos de los organismos del estado.

“A esta resolución, la vemos como un gran avance, porque la falta de esta información tiene que ver con la falta de confiabilidad del estudio de impacto ambiental y la sustentabilidad del proyecto. Pensamos que en efecto no se han hecho esos estudios y por lo tanto se trata de emprendimientos totalmente insustentables, como lo veníamos diciendo tanto en el colectivo de organizaciones ambientales como en el campo judicial”, aseguró el doctor Sabsay a LA NACION.

El proyecto hidroeléctrico que avanza sobre el río Santa Cruz se caracterizó por una sucesión de marchas y contramarchas. Fueron licitadas durante el segundo mandato Cristina Kirchner y ganó el consorcio conformado por China Gezhouba Group Limited-Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A., luego fueron frenadas por una cautelar de la Corte Suprema y revisadas durante el Gobierno de Mauricio Macri,cuando además de rediseñar la potencia de las represas, recuperaron sus nombres originales, Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras llamarse por cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente.

Ahora la Corte dejó en stand by el planteo de nulidad de Banco de Bosques y pide los informes que faltaban: entre los puntos solicitan que la Administración de Parques Nacionales se expida a partir del examen del Estudio de Impacto Ambiental, respecto de los posibles daños a la biodiversidad, en especial en relación con la subsistencia y conservación del ave autóctona macá tobiano y emita una opinión fundada sobre la idoneidad de las medidas desarrolladas en el plan de gestión ambiental. Desde las ONGs recuerdan que la APN estuvo ausente en la Audiencia Pública realizada en el 2017 en el Congreso.

También solicitan al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, IANIGLA, dependiente del CONICET, que en un plazo de 30 días se pronuncie con carácter definitivo sobre los estudios producidos por Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., atendiendo especialmente a la cuestión del “desacople” en relación con la evaluación realizada por el ingeniero Ascencio Lara.

En tanto que otro de los organismos que deberá informar a la Corte es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES, quien, en el plazo de 30 días, deberán verificar la idoneidad de los estudios realizados por la firma EBISA, en el marco de esta causa, y deberán emitir una opinión fundada en relación con la necesidad de realizar un estudio de “sismicidad inducida”.

Según explican los ambientalistas, este estudio es uno de los puntos requeridos por el Manual de Gestión Ambiental de Obras Hidráulicas y explican: “la afirmación de que las represas se emplazarán sobre una zona ‘relativamente estable’ no es pretexto suficiente para descartar el análisis de riesgo por inducción sísmica” y recuerdan que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) había tenido solo tres días para opinar sobre el estudio de sismología.

Fuente: La Nación