Mientras el Gobierno busca dar señales para calmar a los mercados en medio de la tensión cambiaria, el mundo corporativo empezó a alertar de nuevos avances que generan preocupación y que provienen del Senado, territorio que maneja Cristina Kirchner.

Las alertas tienen que ver con el mundo laboral. Las primeras luces rojas aparecieron la semana pasada y fueron el principal motivo de debate en la reunión de junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí se analizaron los alcances de un fallo judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dio lugar a una medida cautelar que obligaba a pagar la totalidad del salario de una empleada desde el momento de su suspensión, más allá del acuerdo que habían sellado la entidad fabril con la CGT -con aval oficial expreso- para suspender trabajadores con un recorte que no superara el 25% del salario neto. En medio de la pandemia y la cuarentena, ese tipo de medidas fueron la manera para sostener el empleo.

El miércoles la UIA, pero también otros sectores empresariales, advirtieron sobre un proyecto legislativo que propone modificar los plazos de prescripción de reclamos de indemnización tras la extinción del vínculo laboral, y que tiene dictamen de la comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado. Básicamente, da más tiempo a los empleados para hacer juicios a sus empleadores después de un despido. Se trata de una iniciativa del senador del Frente de Todos Daniel Lovera, que -dice la UIA- no recibió ninguna observación del sector privado. “Se trabajó bajo el radar”, contó un empresario.

“El dictamen sustituye el texto del artículo 256° de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que actualmente establece que todos los créditos de origen laboral prescriben a los dos años, y lo reemplaza aumentando los plazos y distinguiendo entre dos tipos de acciones: tres años, para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y cinco años para las demás acciones relativas a las relaciones individuales o colectivas de trabajo”, dice el comunicado de la UIA.

Para la entidad, “la iniciativa carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas, y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo”.

“El proyecto original de Lovera es idéntico a uno que presentó Héctor Recalde en 2017 como diputado”, contó a LA NACION un empresario que prefirió el anonimato. “Este proyecto nos preocupa porque va a aumentar la litigiosidad laboral y es otro elemento más para desalentar la generación de empleo en el sector privado. Lo vienen manejando con mucha discreción porque quieren que aparezca debajo del radar. Es otra de las señales contradictorias al sector privado que envía el Frente de Todos”, completó.

El empresario señaló que la idea de extender al máximo la posibilidad de hacer juicios, sumado a las multas que triplican las indemnizaciones “es un negocio de algunos y una de las causas principales por las cuales las empresas, y principalmente las pymes, no contratan personal”.

El borrador

El borrador del proyecto, al que accedió LA NACION, también propone que los reclamos de indemnización por “daños derivados de delitos de lesa humanidad” sean imprescriptibles, aun cuando los mismos hubieran sido perpetrados con anterioridad a la norma presentada en el Congreso Nacional.

“En primer lugar, cabe mencionar que, en la actualidad los plazos en la práctica ya son mayores a los establecidos en la LCT en varias jurisdicciones, habida cuenta de las suspensiones o interrupciones dispuestas. Un ejemplo de ello: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el reclamo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) suspende el cómputo del plazo de prescripción por 6 meses”, detalló la UIA en un comunicado enviado a los medios. “Por otra parte, la extensión del plazo de prescripción a cinco años impactará negativamente en los balances de las empresas, que deberán por lo menos duplicar sus previsiones o reservas contables vinculadas con los eventuales reclamos laborales del personal”, cuestionó la entidad.

La UIA señaló además que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que “la prescripción es una institución de orden público creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos”, y citó los fallos 191-490 y 204-626. “El proyecto bajo análisis tensiona y contradice la tendencia actual en materia de prescripción, que busca acortar los plazos, ya que se trata de un instituto que busca dar estabilidad a las relaciones jurídicas y humanas. En un mundo de comunicaciones fluidas, instantáneas y virtuales, se vuelve ocioso y contraproducente disponer una extensión de los plazos de prescripción por un plazo de cinco años”, destaca la entidad.

“La extensión de los plazos de prescripción resulta desacertada en el proyecto de referencia, no sólo porque perjudica la previsibilidad de las relaciones del trabajo, sino porque impacta directamente en los incentivos para la inversión y la generación de empleo”, concluyó la entidad que conduce Miguel Acevedo.

Fuente: La Nación